La señora T. Sánchez P. residente en el sector José Domingo Espinar, provincia de Colón, manifestó que luego de sendos esfuerzos por lograr la reubicación la Coordinadora Administrativa de Elektra Noreste, Mélida Ramos, le indicó que "debería pagar la suma de 7 mil 300 setenta y siete (B/. 7,377.00) y una fianza por defectos de construcción por la obra civil por un valor de 16 mil 984 con setenta y tres centavos (B/. 16,984.73) lo que suman más de 24 mil dólares.

La respuesta de la empresa no terminó allí sino que se le indicó a la afectada que una vez tuviera el presupuesto para realizar el traslado "debería contratar a una empresa idónea para que realizara la ubicación, cumpliendo las recomendaciones que establecía Elektra Noreste".

Por su parte Tejada Espino manifestó que " a los usuarios del servicio público de electricidad se les debe garantizar el acceso al servicio público de electricidad y su derecho a la vida e integridad a través de la adecuada idoneidad técnica y seguridad de las instalaciones eléctricas existentes y la prestación de un servicio eléctrico de calidad".

El Artículo 19 del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), que se refiere a las atribuciones de esta institución destaca que el Ente deberá verificar el cumplimiento de las metas mejoramiento, la expansión de los servicios y el mantenimiento de las instalaciones, que se establezcan en las leyes sectoriales, en sus reglamentos o las concesiones, licencias o autorizaciones específicas.

Anteriormente la Defensoría atendió el caso de una señora que resultó afectada producto de la explosión de un transformador que estaba mal ubicado a pocos metros de su vivienda lo que le ocasionó serios daños permanentes en su anatomía.