El pasado 5 de abril a través del Acuerdo Municipal N°24, se declaró Área Protegida el Cerro Cabra, Los Chorros de Santa Clara (de las afluentes del Río Paja) y ambas Franjas de Bosques que rodean la Carretera Panamericana desde la cabecera del distrito hasta el Puente de las Américas y que comprende parte de la Sub-Cuenca  del Canal y el Área de las Ruinas Bique.

De acuerdo a los moradores de estas regiones la explotación minera afectara las tres tomas de agua que hay en el sector, por lo que no se explican cómo luego de haber sido declarado área protegida se otorga una concesión minera.

En este sentido, Esperanza Mena, líder de la comunidad, manifestó que no van a permitir la destrucción del ecosistema, además muchos moradores viven en las áreas donde se pretende hacer las extracciones, y que a su vez en ese mismo lugar existen muchas tomas de aguas.

Destacó que el Impuesto Municipal que pagará la empresa que realizó el contrato es de 13 (trece) centavos por metros cúbicos, impuesto que según sus moradores no sirve para nada, ya que las afectaciones que tendrán el lugar y sus moradores no se compara con los supuestos impuestos.  

También, Mena solicitó a la Asesora Legal del Consejo Municipal, Claudia Bárcenas, que el citado contrato no se dé por parte del Municipio, ya que ellos no lo permitirán “somos personas pacíficas y no estamos en contra del desarrollo, pero éste no puede estar acompañado de destrucción y eso es lo que percibimos que va a pasar”.

Por su parte, la presidenta del Conceso Municipal de Arraiján, Mireya Zurita, aclaró que el permiso de explotación minera salió dos días después de ser elegida la nueva Junta Directiva.

Sostuvo que los reclamos por parte de las comunidades son justos y que también rechaza la medida otorgada por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI).

Mientras la Asesora Legal, dijo que es el Alcalde del distrito de Arraiján, Manolith Samaniego, quien debe otorgar el permiso para operar, ya que no puede estar  por encima de la concesión.

La Defensoría del Pueblo dará seguimiento a las gestiones que realicen las diferentes organizaciones de las comunidades afectadas con esta medida, a fin que no se vulneren sus derechos.

Así mismo, se mantendrá vigilante en el fiel cumplimiento del acuerdo Municipal N°24 del 5 de abril de 2012.