Esto a raíz de que la Defensoría del Pueblo en Bocas del Toro recibiera información que las comisiones para asistir a diligencias judiciales y atención médica de las personas privadas de libertad en el referido centro penitenciario no se están cumpliendo en su totalidad, situación que le es atribuida al personal de la Policía Nacional que coadyuva en la labor de custodia y traslado de estas personas.

Por su parte, el Jefe de la Zona de Policía, el Sub Comisionado José Manuel Ortega, manifestó que los vehículos de la institución no están llamados a efectuar los traslados de las personas privadas de libertad, pero que se han mantenido brindando el apoyo necesario, en cuanto a recursos humanos y de transporte se refiere.

En este sentido, el personal de la Defensoría del Pueblo hizo uso de la oportunidad para destacar el contenido del artículo 100 de la Ley 55 de 01 de octubre de 2003, “Que Reorganiza el Sistema Penitenciario”, establece que:

“La seguridad penitenciaria se dividirá en interna y externa. La seguridad interna, ejercida por custodios penitenciarios, será la encargada de velar por las actividades dentro del perímetro interior de los centros penitenciarios, el cual deberá ser claramente delimitado y puesto en conocimiento de los privados o las privadas de libertad y de los funcionarios.  La seguridad externa, ejercida por la Policía Nacional, será la encargada de velar por la seguridad del perímetro exterior del centro penitenciario, así como de la custodia y vigilancia de los privados o las privadas de libertad en los traslados y permanencias de éstos fuera del centro.”

Luego de ello, el Sub Comisionado Ortega hizo referencia a situaciones en las que el personal de la Policía Nacional programa las diligencias solicitadas por la Dirección del Centro de Rehabilitación; no obstante, las mismas son modificadas sin notificarles, por o que al llegar al recinto son informados que las actividades a realizar son distintas a las programadas previamente.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo procederá a convocar a las partes, para garantizar que el cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación de Bocas del Toro.