Según cuentan los quejosos, el proceso de lanzamiento por intruso lo maneja la corregiduría de Omar Torrijos, interpuesto por la empresa Inversiones Nutibara S.A. que indica haber comprado recientemente los terrenos en conflicto, y al no existir contrato de propiedad o arrendamiento están obligados a salir.

Los afectados aseguran contar con pruebas suficientes para demostrar el tiempo que han estado residiendo en el sector, por lo que la Defensoría del Pueblo recomendó interponer ante un Juzgado de Circuito Civil de Panamá un proceso de Prescripción Adquisitiva de Dominio, ya que la ley exige como mínimo el dominio sobre el bien haya sido de manera pacífica, pública, e ininterrumpida por quince años o más.

En cuanto al posible lanzamiento, la Defensoría del Pueblo se comprometió a intervenir ante la corregiduría de Omar Torrijos para que se cumpla con el debido proceso, por lo que se mantendrá vigilante de las acciones que ocurran, a fin que se respeten los derechos de los moradores de la Barriada La Rosa.