DEFENSORIA DEL PUEBLO

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Generalidades


Libertad de Expresión

CONSIDERACIONES DE ACTUALIDAD SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN PANAMA

 
1- Las reformas a la Constitución Política, en el año 2004, mostraron importantes avances positivos en materia de libertad de expresión y acceso a la información, esto último consagrado en nuestra carta constitucional.

Asimismo, la eliminación del fundamento constitucional que sustentaba la sanción por desacato conllevo a la desaparición de esta figura.

En ambas materias la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y el papel de los medios y comunicadores jugaron un papel decisivo.


2- La libertad de expresión y en particular la libertad de prensa tienen aspectos que confirman que los derechos humanos no solo están insertos en las normativas, sino que son parte de la cultura de los pueblos. 

En la actualidad, una revisión necesaria de nuestra legislación en el contexto de los derechos fundamentales, es un examen que  corresponde efectuar en virtud del principio básico de interpretación en materia de estas garantías inherentes al individuo.

Hablamos aquí del principio -favor libertatis-.  Lo que también se ha desarrollado a propósito del pro hommini, es decir la interpretación más favorecedora al ejercicio de un derecho del ser humano.    

3- Las modificaciones al Código Penal en el 2007 y el 2008, en materia  de libertad de expresión, mostraron importantes avances.

Como positivo ha de valorarse la reforma penal en materia de Delitos contra el Honor, al desprisionalizar y despenalizar  estas conductas cuando el ofendido se trata de servidor público sin menoscabo de la responsabilidad civil que al respecto acarrea el supuesto hecho.


4- Al hacer un análisis de nuestra legislación y particularmente la relacionada con la protección a la intimidad, debemos puntualizar que a pesar de los avances en nuestra legislación penal al respecto, aun existen elementos que  podrían significar una restricción  al ejercicio de la libertad de expresión, es el caso del contenido del artículo 162 del Código Penal que en su interpretación pudiera obstaculizar el derecho de acceso a la información de carácter público.

5- De igual manera, es pertinente puntualizar que quienes se consideren afectados por la divulgación de una noticia puedan ejercer el derecho a réplica. Derecho este, claramente consagrado tanto en nuestra legislación interna,  como en la Convención Americana de Derechos Humanos.

6-  En el caso de investigaciones en torno a posibles delitos de corrupción pública, debemos validar la preocupación de los medios por investigar y denunciar a quienes consideran envueltos en ella, con lo cual coadyuvan a la transparencia y su erradicación contribuyendo así al fortalecimiento del Estado democrático de derecho. 

Es punto de importancia, que estas investigaciones tienen que ceñirse a lo estipulado en la legislación, garantizando a quienes sean llamados a responder por dicho ilícito, el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y demás garantías fundamentales reconocidas en la normativa nacional e internacional.


7- Un aspecto positivo en nuestra legislación, es la no penalización en los casos de discusiones, críticas y  opiniones sobre los actos u omisiones de los servidores públicos, y que sean relativas al ejercicio de sus funciones, así como aquellas críticas literarias, artísticas, científicas, históricas o profesionales, en ambos casos consagradas en nuestra legislación penal expresamente.  

8- Si a efectos de la participación ciudadana, se origina el escrutinio por parte de la población, al respecto de la labor y función de los servidores públicos, no deben existir entonces, sanciones para quienes  exterioricen dichas evaluaciones.


9- Cuando se trata de los servidores públicos de los mencionados en el 304 la Constitución política, de conformidad con el artículo 193 del código Penal, queda claro que la despenalización y desprisionalización, no significan la desjudicialización de las ofensas contra la dignidad de quien, en su momento, pretenda accionar ante la protección de su honor. 
Nuestra legislación deja a la jurisdicción Civil, lo que la respecto de responsabilidades ulteriores se refiere, por lo que traza el camino para dicha acción.

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