La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Darién participó en el Consejo Nacional Consultivo de Discapacidad, (CONADIS) en el cual se analizaron diversos temas a favor de este sector de la población.

El presidente de la Liga de Boxeo de Veraguas y vocal del Comité Olímpico de Panamá, José Félix Rodríguez, manifestó su apoyo al Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, por solicitar, el pasado viernes, al Alcalde Capitalino la suspensión del programa “Pelea por tu Beca” por considerarlo violatorio a los derechos humanos de los niños.

El respeto y conocimientos sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, mujer, VIH, niños, niñas y adolescentes fueron algunos de los aspectos tratados durante una jornada de capacitación dictado por la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Veraguas.

La Defensoría del Pueblo realizó el Foro: “Modelos de Estructuras Penitenciarias y Retos para la Ratificación e Implementación del Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes”, con el objetivo de analizar las ventajas y desventajas de las megas estructuras penitenciarias; y además de examinar la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las diferentes cárceles y centros penitenciarios de Panamá.

La jornada contó con la participación especial del Vicepresidente del Sub Comité para la Prevención de la Tortura, Mario Coriolano;  el Viceministro de Gobierno, Luis Miguel Hincapié; el Director de la Asociación para la Prevención de la Tortura en América, Hugo Lorenzo; la consultora, Rosaria Correa; y el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas.

Durante la actividad, la Defensoría presentó el Informe Especial “Diagnóstico sobre el Sistema Penitenciario Panameño”, donde se propone al Estado ejecutar planes de acción a corto, mediano y largo plazo, con miras a cumplimiento de la Ley 55 de 30 de julio de 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario y su Reglamentación, para que se cumpla a cabalidad el tratamiento progresivo técnico y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

A juicio del Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, es evidente que vivimos una profunda crisis en el Sistema Penitenciario, donde los problemas más beligerantes son: el alto nivel de hacinamiento, la prevalencia de infraestructuras inadecuadas, la falta de servicios de salud eficientes y constantes, un deficiente servicio de agua potable, la mora judicial, la falta de custodios civiles y policiales y el alto índice de corrupción dentro de los centros penales. 

El Ombudsman mencionó que para disminuir el hacinamiento existente es relevante que los operadores de justicia apliquen las medidas alternativas distintas a la detención preventiva,  que en cada caso sea aplicable, así como también las penas alternas a la privación de libertad, como penas de prisión de fin de semana o trabajos comunitarios. 

“En este sentido, el Órgano Ejecutivo, puede emitir las libertades condicionales que sean necesarias, cumpliendo fielmente las formalidades y requisitos que se dan para este beneficio”, agregó.

Igualmente, para el Defensor resulta como “medida urgente” promover y sostener un número importante de programas de resocialización y rehabilitación en los centros penales a nivel nacional, lo que conlleva conformar las juntas técnicas necesarias y con el personal idóneo, para que el número de privados de libertad que participen en estos programas sea significativo.

Asimismo, Vargas recomendó la necesidad de construir estructuras carcelarias siguiendo los estándares de la arquitectura penitenciaria, con capacidad para recluir hasta 500 personas privadas de libertad, puesto que las cárceles o centros penitenciarios más pequeñas tiene un mejor funcionamiento y logran de forma eficaz y eficiente el desarrollo y la aplicación de programas de resocialización de las personas que se encuentran privadas de libertad.

De igual manera, el Ombudsman destacó la importancia de la Ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, dado a las graves denuncias que se reciben sobre el abuso de la fuerza por parte de los estamentos de seguridad, lo cual constituye una vejación evidente contra el ser humano y un trato degradante que resulta inadmisible, ya que existen medidas de control mucho menos violentas y eficaces.

“Las denuncias más conocidas que tenemos se deben a supuestas afectaciones al derecho a la vida, a la seguridad y la integridad personal, por lo que la Defensoría insiste en la necesaria y pronta ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, Malos Tratos, Crueles, Inhumanos y Degradantes, y así poder formalizar la participación de una Comisión, que establezca un sistema de visitas periódicas a los centros de detención con la intención de prevenir, detectar y sancionar aquellas conductas”, indicó.

Por último, el Defensor consideró que se hace inaplazable la separación y clasificación técnica de las 11 mil 696 personas privadas de libertad en los centros penales a nivel nacional,  de las cuales sólo el 42% ha recibido una condena por el delito cometido, y lo que es aún más alarmante que el 51% de la población total tiene entre 18 y 30 años, aspecto que llama a la reflexión y obliga al Estado a realizar un estudio de esta situación y dirigir políticas sociales integrales.

Durante los primeros seis meses del 2010, y parte de julio, unas 46 mujeres han muerto de forma violenta, revelan las estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), adscrito a la Defensoría del Pueblo, de las cuales 31 de las defunciones son consideradas femicidio.

El informe del primer semestre del OPVG detalla que las provincias donde han ocurrido estos hechos la encabeza Panamá, cuya incidencia es del 52.5% de los casos de muertes violentas de mujeres, seguida de Colón con un 25% y Bocas del Toro con 7.5%. En tanto, las provincias de Chiriquí y Veraguas registran un 2% de las defunciones, respectivamente.

El rango de edades de la mayor cantidad de mujeres que han muerto de forma violenta es entre los 21 y los 30 años, ocupando este segmento el 40% de las estadísticas; seguido de las féminas entre 11 y 20 con un 20%; mientras que las de 41-50 y mayores de 50 ocupan ambas un 12.5% de las cifras recabadas.

En cuanto a la relación de las muertes con el victimario, la tendencia de los casos que revela el informe es que el 32% fue en manos de su pareja, ex pareja o familiar; mientras que 28% no consta y el 25% no guarda ningún vínculo con su homicida.

Otros datos reveladores del informe del OPVG es el método utilizado para matar a las mujeres, siendo las armas de fuego, seguido del arma blanca y los estrangulamientos los métodos más utilizados que emplean los victimarios para acabar con la vida de las víctimas.

Cabe destacar que la incidencia de los casos de muertes violentas de mujeres es mayor los fines de semana, siendo el domingo el día en el que se registran el 22.5% de las defunciones.

Producto de estas muertes, al menos 12 hijos o hijas, la mayoría menores de edad, han quedado en la orfandad, situación que es de mucha preocupación para la Defensoría del Pueblo.

En el marco de la celebración del Día del Niño y de la Niña la organización AID FOR AIDS (Panamá) le otorgó un reconocimiento a la Defensoría del Pueblo por su constante desempeño como institución protectora de los derechos de las personas que viven con VIH o Sida.

Esta actividad se celebró siguiendo el concepto denominado “Aprendo a amarme y a cuidarme” que tiene como objetivo fortalecer la auto idea de los niños, niñas y adolescentes en la temática del VIH.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Darién participó en la firma de la Resolución “Municipio Amigos de los Niños”, realizadaen la Casa de las Naciones Unidas en Yaviza, por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Con la suscripción de este documento, se asume el compromiso de focalizar esfuerzos y atención prioritaria de los  niños y niñas en esa comunidad.

Esta firma coloca  a la niñez en la agenda prioritaria  comarcal  y  municipal.  Adicionalmente, apoya a los programas educativos  en  niveles  pre-escolar  y  básico,  fomenta  a la comunidad  a considerar esta como una prioridad en sus agendas de trabajo, y crea espacios de participación comunitaria.

Esta actividad contó con la participación de Una McCauley, representante de la UNICEF en Panamá; los  principales caciques y autoridades comarcales del distrito de Pinogana y Cémaco; Ministerio de Educación (MEDUCA); Policía Nacional (PN); Ministerio de Desarrollo Social (MIDES);  organizaciones sin fines de lucro en el área, como la Fundación Pro Niños de Darién y la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de Herrera, realizó una capacitación en materia de derechos humanos a más de 30 miembros de la Policía Nacional.

La Oficina Regional de la Defensoría en Coclé realizó una gira a las comunidades de Vaquilla y Loma Grande, corregimiento de Chiriguí Arriba, distrito de Penonomé, donde se extendió la invitación al personal del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), del Ministerio de Salud (MINSA), del Ministerio de Obras Públicas (MOP), y la Alcaldía, a fin de que escucharan con detenimiento las quejas de los moradores de estas comunidades.

Los moradores de Vaquilla explicaron al personal del MOP que su principal inquietud radica en el mal estado en que se encuentra la carretera que conduce a la comunidad, a lo que el MOP se comprometió a realizar trabajos para mejorar el estado de la vía para el mes de agosto.

Igualmente, los residentes del área pusieron en conocimiento de las autoridades del Municipio de Penonomé la venta excesiva de bebidas alcohólicas en el lugar, por lo que funcionarios de la Alcaldía gestionarán la realización de operativos en la comunidad de la vaquilla, a fin de verificar lo expuesto por lo vecinos.

Asimismo, durante la visita a la comunidad se conoció sobre la situación de una estudiante de la Escuela de Vaquilla, quien padece de discapacidad, por lo que se conversó con el MIDES, a fin de efectuar un estudio socioeconómico y analizar la posibilidad de incluir a la familia de esta niña en alguno de los programas de índole social de la institución, que ayuden a mejorar su calidad de vida.

Entre tanto, en la comunidad de Loma Grande los moradores pusieron en conocimiento del personal del MOP la necesidad de que se les construya un vado o puente sobre el río Zaratí, ya que cuando este crece los estudiantes no pueden acudir a los centros educativos. Los funcionarios de obras públicas mencionaron que se realizarán las diligencias para incluir esta necesidad en futuros proyectos de inversión.

De igual forma, otra de las inquietudes de los residentes de Loma Grande fue la falta de atención médica en las giras de salud que efectúa el MINSA en la comunidad, ya que sólo atienden a las personas menores de edad, restringiendo el acceso a la salud a los adultos.

La visita de la Defensoría del Pueblo fue aprovechada para hacer un recorrido por la Escuela de Loma Grande, donde se verificó el mal estado de las bancas, del techo, y se observó la necesidad de construir una cerca para el plantel, además de la instalación de servicios sanitarios, ya que en estos momentos utilizan letrinas.

Para dar seguimiento a estas necesidades, la Defensoría realizará una visita el próximo 3 de agosto, en compañía de personal del Ministerio de Educación (MEDUCA), y así buscar una solución a las deficiencias anteriormente planteadas.

La Defensoría del Pueblo desarrolló el ciclo de conferencias sobre: “Derecho de Protección de Datos Personales”, durante el cual se expusieron los temas referentes  a La Protección y Uso de las Bases de Datos Personales, El Derecho a la Protección de Datos Personales: Relevancia e Implicación con los Derechos Humanos y Datos Personales e Investigación Penal.

Esta jornada contó con la participación del experto internacional, Dr. Artemi Rallo, Director de la Agencia Española de Protección de Datos; la Directora Nacional del Registro Civil, Sharon Sinclaire de Dummanoir; el Ex Fiscal  de Delitos Informáticos, Ramiro Esquivel; y el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas.

Durante la actividad, el Ombudsman mencionó que la protección de datos personales se ciñe a la protección de la persona humana, toda vez que el tema en sí entraña un derecho fundamental, de dar garantía que los datos más íntimos de una persona física, o identificable en su intimidad, gocen de un nivel de protección adecuada por parte del Estado, y que sólo sus datos personales puedan ser utilizados de una manera adecuada.

Agregó que se trata de un tema evidentemente nuevo en la región, pero que se trata de un derecho emergente, que en Panamá tiene alguna regulación y distintos cuerpos normativos, pero aún se encuentran dispersos.

Vargas indicó que la protección de datos personales debe ser un tema de discusión nacional, por lo que la Defensoría del Pueblo, eventualmente, promoverá una legislación especial en esa materia, para lo cual ya se tiene un borrador o anteproyecto, pero se enriquecerá involucrando a todos los sectores dentro del proceso de diálogo, para promover su discusión y generar las alianzas necesarias para pueda ser considerado en la Asamblea Nacional de Diputados y convertirse en Ley de la República.

“El anteproyecto será un componente complementario a la Ley de Transparencia, o Ley de libre acceso a la información pública, porque se integran temas que guardan relación muy estrecha, como es la libertad de acceder a información pública, pero también los necesarios resguardos sobre ciertas informaciones, principalmente cuando atañen a los individuos y las personas tienen que tener y gozar de un nivel especial  de protección”, señaló.

Cabe destacar que el derecho a la protección de datos personales ha sido objeto de innumerables agresiones, muchas de ellas derivadas del uso inadecuado de las nuevas tecnologías de la información, lo que ha motivado a algunos países como España y México, entre otros, a aprobar leyes para tutelar la seguridad del manejo de datos personales en el ámbito laboral , personal o familiar, e impedir que por el hecho que se conozca tal información, éstos puedan ser objetos de violación o exposición, en perjuicio de la libertad de los afectados.

A solicitud de un grupo de moradores de Pedasí, la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos hizo una inspección en Playa Lagarto para constatar si existía un posible delito ecológico ocasionado por la tala indiscriminada de árboles y la remoción de linderos en perjuicio de los propietarios.

En el operativo participaron funcionarios de esta sede regional, además de representantes de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), toda vez que se trataba de una posible afectación ambiental y una posible diferencia territorial en cuanto a los linderos.

En el recorrido, se les explicó a los presentes que la función de la Defensoría del Pueblo es investigar si hubo o no daño al ambiente, y si las demarcaciones hechas por parte del PRONAT se han realizado dentro de los parámetros legales.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas logró que los privados de libertad de la Cárcel Pública de Santiago recibieran atención médica tres veces por mes, luego que los propios internos denunciaran ante esta sede que la Unidad Local de Atención Primaria de Salud (ULAPS) de esa provincia, les había reducido la cantidad de cupos desde hace varios meses.

Según los quejosos, la ULAPS (designada para atender casos de medicina general y odontología de esta población), les redujo la atención en esta última especialidad a un solo cupo los días martes y jueves, respectivamente.

Además, manifiestan haber solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo, luego de no recibir respuesta a sus peticiones por parte de las autoridades penitenciarias.

Con miras a solucionar esta situación, funcionarios de esta sede realizaron varias gestiones con autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (MINSA) y de la Policía Nacional (PN).

Tras la denuncia, se contactó al personal de la Coordinadora de Odontología del Ministerio de Salud (MINSA), para exponer la problemática existente en este penal, logrando la designación de un médico interno en las instalaciones de la Cárcel de Santiago tres veces por mes, a partir de julio, hasta que se habilite una clínica odontológica en el Hospital Luis Chicho Fábrega, que brindará el apoyo a la población penitenciaria.

Se explicó que para el MINSA era muy difícil poner a disposición un médico odontólogo en el penal, dada la necesidad actual de personal, y por que además este reclusorio no cuenta con las instalaciones adecuadas para tal fin, por lo que consideraba que la CSS, por ser la institución que siempre ha atendido a los internos en las instalaciones de la ULAPS, era la más indicada para resolver la situación.

También se logró el establecimiento de un área donde brindar atención médica dentro del penal, que cumpliera con los requerimientos establecidos por las autoridades de salud.

Veinticinco inspectores del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) fueron capacitados por la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas en materia de derechos humanos que les asisten a los menores de edad, como parte de la Campaña que desarrolla este institución denominada: “Mi Tarea es Aprender, no Trabajar”.

En esta actividad participaron inspectores de trabajo provenientes de las provincias de Herrera, Coclé y Veraguas; la Directora Nacional de la Dirección para la Erradicación del Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajadora (DIRETIPPAT), Rosa Carrasco; y el Director Regional del Ministerio de Trabajo, Guillermo Ruiz.

La labor de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Veraguas está rindiendo resultados positivos a favor y difusión de los derechos de los niños y niñas explotados laboralmente, a través de campañas, seminarios, inspecciones y conversaciones con autoridades competentes, tomando en cuenta que existen menores de edad que anteriormente realizaban trabajos y que ahora están incluidos en programas del MITRADEL.

Informe Preliminar - Incidentes en la Provincia de Bocas del Toro Julio 2010

La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de Los Santos, puso en conocimiento a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) de la mortandad de peces y otras especies marinas en las orillas del río Viejo de Tonosí, situación cuyas causas aún se desconocen.

Posteriormente, se efectuó un recorrido conjuntamente con técnicos de la ARAP, durante el cual se tomaron muestras de las aguas y se pudo comprobar que gran cantidad de peces y especies marinas muertas habían sido arrastrados al Estero del Chará, entre las instalaciones de La Camaronera de Tonosí, la finca Dos Valles y una finca privada, producto de las fuertes lluvias caídas en la provincia en los últimos días.

La Defensoría del Pueblo solicitará a la ARAP copia del resultado de las pruebas de laboratorio de las aguas del río Viejo de Tonosí, a fin de continuar con las investigaciones del caso.

La Defensoría del Pueblo recibió una visita de acercamiento de la Asociación Nacional de Practicantes, Auxiliares y Técnicos en Enfermería (ANPATE), para presentar su Nueva Junta Directiva, la cual regirá el destino de su organización para el período 2010-2012.

En ese sentido, el Nuevo Presidente de ANPATE, Carlos Peralta Tuy, y el Secretario de Organización, Luis Carlos Madrid, fueron atendidos por el Secretario General de la Defensoría, Carlos Alberto Vásquez, quien mostró la más entera disposición de la institución en colaborar con la organización cuando esta así lo requiera.

La Oficina Regional de la Defensoría en Los Santos realizó una inspección en el río Viejo de Tonosí, para dar seguimiento a la queja de los moradores del lugar, quienes pusieron al tanto a la institución de la supuesta tala de árboles y la remoción de tierra de un estero, que colinda con las aguas del caudal en mención.

Durante la visita, personal de la Defensoría del Pueblo, en conjunto con la corregidora de Tonosí, Malvis Acevedo Valdés, y el Jefe de la Agencia de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) en Tonosí, Ángelo Sáez, se pudo constatar la remoción de gran cantidad de tierra y la tala de árboles, lo cual fue expuesto por los quejosos.

Igualmente, se pudo observar que tras la remoción de tierra se obstruyó parte de una ensenada donde entra agua salada del mar, por lo que la ANAM remitirá un informe a su Oficina Regional, a fin de poner en conocimiento de la posible afectación ecológica provocada por los trabajos.

La Defensoría del Pueblo se encuentra a la espera de la entrega del informe que rendirá la ANAM, a fin de corroborar  o descartar la posible afectación al medio ambiente y de ser así, que se impongan las sanciones y adoptar los correctivos correspondientes.

La Defensoría del Pueblo realizó una inspección “in situ” en el Centro Penitenciario de La Palma, provincia de Darién, donde pudo constatar fallas y frágiles condiciones en la infraestructura de ese centro penal, situación que pone en riesgo la vida de los privados de libertad.

La Defensoría del Pueblo y la Universidad Latina de Panamá, firmaron un convenio con miras a realizar actividades conjuntas para la docencia en Derechos Humanos; así como también desarrollar congresos, seminarios y conversatorios, con el fin de potencializar la promoción de los derechos desde el plano académico y formativo de la población.

Representantes de los habitantes de Isla Cañas, distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, solicitaron a la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo su intervención ante las diferencias surgidas entre ellos y la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de San Miguelito, logró que la empresa PYCSA asumiera la reparación de las afectaciones que provocó a una vivienda en la barriada Bosque de Castilla, corregimiento de José Domingo Espinar, tras la construcción del ramal de Villa Lucre, de la segunda fase del corredor Norte.

La Defensoría del Pueblo participó del Consejo Consultivo Cuencas del Chagres-Alhajuela, realizado en la Escuela El Vigía, provincia de Colón, con el propósito de construir espacios de concertación y participación ciudadana, instituido en la Ley de Transparencia en la Gestión Pública, para lograr la conservación de los recursos hídricos.

Durante la reunión se planteó los avances, como por ejemplo los trabajos de limpieza de la basura que es arrojada en las áreas subyacentes de los ríos en las comunidades de Nuevo Vigía, Salamanca, Nuevo Caimitillo.

Asimismo, se destacó los trabajos de construcción e instalación de un tanque de agua de 5 mil galones, para beneficio de la Escuela Nuevo Vigía.

Igualmente, se instó a las autoridades nacionales, entre ellas la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al Municipio de Colón, a continuar apoyando este modelo de organización, que ayuda a resolver de forma pacífica los aspectos relacionados con el desarrollo humano y sostenible de las comunidades cercanas a la cuenca, a fin de conservar los recursos naturales con los que cuentan.

Veintiséis funcionarios gubernamentales destituidos han sido reintegrados a  sus puestos de trabajo,  luego de gestiones realizadas a nivel nacional por la Defensoría del Pueblo durante los últimos meses.

De estos casos, 11 estaban amparados por la Ley N0. 59 de 28 de diciembre de 2005, que adopta normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral; y por la Ley No. 42 de 27 de agosto de 1999, relativa a la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad.

Entre las entidades gubernamentales que reincorporaron al personal destituido a solicitud de la Defensoría del Pueblo están: 5 Lotería Nacional de Beneficencia, 4 Municipio de Panamá, 3 Ministerio de Salud (MINSA), 3 Ministerio de Educación (MEDUCA), 2 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), entre otras.

El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, expresó su preocupación por los hechos lamentables y desafortunados que han dado como resultado la pérdida de vidas humanas y decenas de heridos, frente al reclamo de un grupo de trabajadores de la bananera Bocas Fruit Company, en Changuinola, pidiendo la derogatoria de la Ley 30, conocida como “Ley Chorizo”.

“Estos hecho resultan de extrema preocupación, ya que la violencia sólo genera violencia de las partes en conflicto, y cuando se responde con igual intensidad o fuerza lo que se produce es un acrecentamiento de la hostilidad, que en nada conduce a encontrar una solución a la crisis existente”, señaló el Ombudsman.

El Defensor exhortó a ambas partes a deponer posturas de fuerza, tras considerar que no es momento para confrontaciones, puesto  que lo que se requiere es un diálogo maduro y sensato, sin pre-condiciones, que ayuden a normalizar la situación y devolverle  la tranquilidad y sosiego al distrito de Changuinola.

Vargas mencionó que es necesario dejar sentado que las manifestaciones públicas deben realizarse en el marco del más estricto respeto de los derechos de terceros, y que los actos constitutivos generados por la violencia no pueden ser admitidos bajo ningún contexto en un Estado de derecho en el cual aspiramos a vivir.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en San Miguelito brindó apoyo a la señora Isolina Flaco Gazama para el traslado del cuerpo de su hijo, desde la ciudad de Panamá, hasta el corregimiento de Metetí,  en Darién.

El niño de seis años de edad falleció recientemente víctima de neumonía, pero su madre no contaba con los recursos para transportar los restos hasta la comunidad de Piyati,  de esa provincia, donde deseaba realizar las honras fúnebres.

La Defensoría del Pueblo atendió este caso a solicitud de la Directora Regional del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de San Miguelito, Zuleima Marengo; y acompañó a la señora Flaco a realizar todas las diligencias necesarias para el traslado del difunto.