La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas inspeccionó el “Taller Fibras Beer” dedicado a la reparación y confección de botes con fibra de vidrio en esa provincia.

La medida surge luego que moradores de la comunidad de Los Remedios, distrito de La Mesa, presentaran una queja ante esta entidad alegando que este negocio supuestamente les perjudica su salud debido al uso constante de químicos para sus trabajos.

Esta diligencia se realizó con el apoyo de funcionarios del Ministerio de Salud (MINSA), quienes determinaron que la empresa en mención no está cumpliendo con la debida disposición de sus desechos.

La Defensoría del Pueblo abrió un expediente del caso y velará por que se respete el derecho a la salud de estas personas;  mientras que el MINSA le dio un mes de plazo al taller para que tome las medidas de mitigación y cumpla con las medidas de seguridad.

El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, calificó de “oportuno y positivo” el llamado a un gran diálogo nacional propuesto por el Presidente de la República, Ricardo Martinelli, a quien solicitó liderar esta iniciativa, proponiendo clara y oportunamente los objetivos y la instancia en la cual se desarrollaría.

Las declaraciones del Ombudsman se dieron ante cuestionamientos de periodistas de los distintos medios de comunicación frente al anuncio gubernamental de propiciar un diálogo y elevar a consultas populares los grandes temas de interés nacional.

De acuerdo al Defensor del Pueblo, sería recomendable que sea el mismo presidente de la República el que debe gestionar el inicio de este gran espacio de consulta ciudadana que tanto aportaría a la estabilidad del sistema democrático.

"Para avanzar en la consolidación de nuestra joven y aun débil democracia, se precisa del fortalecimiento y de la capacidad de concertar de las autoridades con todas las organizaciones sociales, comunitarias y de nuestra sociedad civil”, dijo Vargas.

Agregó que asimismo, las máximas autoridades deben potenciar el diálogo como mecanismo eficaz para apuntar los principales objetivos y necesidades nacionales en la agenda prioritaria del Estado.

Sobre la posibilidad de reformas constitucionales, el Defensor del Pueblo consideró que si bien hay temas que son importantes y necesarios reformar, no son urgentes para la gobernabilidad democrática.

En su lugar, enfatizó que, “una buena muestra de intencionalidad para generar la suficiente confianza ciudadana, sería materializar el mecanismo de diálogo nacional anunciado y con amplia participación ciudadana”.

El aumento considerable en las estadísticas de muertes violentas de mujeres en los últimos años, sumado a las diferencias marcadas en la desigualdad al derecho al trabajo, a mejores salarios y mayor participación política hacen que este 8 de marzo en Panamá, la celebración del Día Internacional de la Mujer esté marcado por las demandas latentes de este grupo por lograr la igualdad de sus derechos, indicó la Defensoría del Pueblo.

Según estadísticas del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género (OPVG), adscrito a la Defensoría,  19 mujeres que han muerto de forma violenta en lo que va del año, lo cual consideramos que debe motivar al Estado regular, adecuar y promover reformas o leyes para minimizar los estragos de la violencia doméstica, las muertes violentas de mujeres y los femicidios, atendiéndolo como una prioridad de país.

La tendencia en muertes violentas de mujeres va en aumento, si comparamos las estadísticas del 2008, donde 42 mujeres perdieron la vida de forma violenta; mientras que en el 2009 se registró un total de 80 muertes violentas de mujeres (54 de ellas tipificadas como femicidio), lo que demuestra que en un año las cifras se han duplicado.

En cuanto a la realidad salarial, datos del Observatorio de Género y Economía de la Universidad de Panamá revelan que el índice de desempleo de las mujeres es mayor con un 8.9% versus el de los hombres que es 5.1% que la de los hombres, pese a que las mujeres representan la mayor cantidad de población graduada de nivel superior con un 75%.

Asimismo, se observa con preocupación la participación política de las mujeres,  que a pesar de la cuota del 30%, solo el 15.5% de las postulaciones para diputados y diputadas para la Asamblea Nacional fueron de mujeres, al igual que para los puestos de Alcaldías a nivel nacional, las postulaciones de mujeres fueron del 14.4%, según las estadísticas recientes de las elecciones 2009, proporcionadas por el Tribunal Electoral, obviando la participación mínima de las mujeres en este ámbito.

Por todo lo anterior, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer, la Defensoría del Pueblo reconoce que se han dado avances en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres; sin embargo,  hace un llamado para que se adopte una política criminológica integral en donde la violencia contra la mujer aparezca como una problemática de Estado.

Igualmente, consideramos que se debe adoptar la justicia de paz, para que la justicia administrativa sea de mayor calidad y más expedita, además de que las autoridades no deben dilatar más la vigencia del nuevo Código Procesal Penal o en su defecto y de manera temporal se debe adelantar la vigencia de las 21 medidas de protección que tiene este cuerpo jurídico en materia de violencia doméstica.

Los jóvenes privados de libertad que cumplen su condena en el Centro de Custodia y Cumplimiento en la provincia de Herrera cuentan con una nueva herramienta para hacer valer sus derechos: un buzón de quejas de la Defensoría del Pueblo y UNICEF. 

Representantes de la Sociedad Carnaval de Panamá presentaron ante la Defensoría del Pueblo un resumen ejecutivo de lo actuado por la Junta de Carnaval “Centenario 2010” en las pasadas fiestas carnestolendas a fin de que sea incluido en el Nodo de Transparencia de esta institución.

El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, realizó una inspección a la obra del sistema interceptor y la planta de bombeo de aguas residuales del proyecto de saneamiento de la bahía de Panamá, esto ante la solicitud de los moradores de las urbanizaciones La Fontana, Reparto Nuevo Panamá, San Gerardo de Mayela y Costa del Este quienes rechazan su instalación por la cercanía a sus hogares.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos  realizará una capacitación sobre derechos humanos dirigida a agentes de la Policía Nacional con el objetivo de sensibilizar a sus unidades y evitar así que se vulneren los derechos de terceras personas en el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa surge luego de una reunión realizada con el Fiscal Superior Encargado del Cuarto Distrito Judicial, Isaac Chang Pérez; las Fiscales Primera y Segunda de Circuito de Los Santos, Vielka Broce y Milagros Vergara, respectivamente  y el Subcomisionado Álvaro Alvarado, de la Zona de Policía de Los Santos.

El objetivo de la reunión era analizar y adoptar medidas en cuanto al incremento de casos llegados a esta sede regional por supuestos casos de abuso policial en el uso de la fuerza contra ciudadanos en las calles, como en los allanamientos practicados por unidades de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP), de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y funcionarios del Ministerio Público.

El Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, elogió la iniciativa del Club Activo 20-30 al entregar información actualizada sobre su gestión durante el período 2008-2009, para incluirla al Nodo de Transparencia de la Gestión Pública, creado por la Defensoría desde el 2002.

Para el Ombudsman, la iniciativa del Club 20-30 constituye, sin duda, un paso significativo en aras de transparentar los actos, no solo de la administración pública, sino de las organizaciones de la sociedad que reciben fondos públicos.

“Creo que es un compromiso con la ciudadanía poner a disposición toda la información de las actividades, ingresos y gastos del Club Activo 20-30, pues permite que la ciudadanía haga una auditoría social con relación al uso y manejo de los mismos”, subrayó.

Vargas mencionó que este paso significativo debe animar a otras organizaciones que también reciben y manejan fondos públicos a que actualicen su información y a que se unan al Nodo de Transparencia que actualmente cuenta con 75 instituciones, organizaciones y partidos políticos.

El anuncio de la actualización de la información del Club Activo 20-30 en el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo se hizo durante la presentación del informe de rendición de cuentas durante la gestión 2008-2009.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Chiriquí capacitó a más de veinte unidades de la cooperativa de Transporte Colegial de Tierras Altas (TRACOTA), del corregimiento de Volcán, distrito de Bugaba, en un seminario sobre “Derechos y Deberes de los transportistas y usuarios”, toda vez que se aproxima el inicio del año escolar.

El objetivo de esta capacitación fue concienciar a los participantes sobre sus derechos y deberes en base a la Ley 14 de 1993, por la cual se regula el transporte terrestre público de pasajeros; además, de la Ley 42 de 2007 que establece el mecanismo para la creación del nuevo sistema de movilización masiva de pasajeros;  y de la Ley 34 de 1999 por la cual se crea la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), modifica la Ley 14 de 1993 y dicta otras disposiciones.

Olvidados, así se sienten los moradores de la comunidad de El Jobo, quienes solicitaron la intervención de la Defensoría del Pueblo ante las autoridades de la provincia de Coclé debido a la carencia de necesidades básicas como un sistema de comunicación telefónica, representación local de las autoridades nacionales, equipo médico, entre otras.

La Defensoría del Pueblo en su papel de promocionar y divulgar el conocimiento de los derechos humanos lleva a cabo una jornada de capacitación en derechos humanos a los corregidores de los 21 corregimientos que integran el distrito de Panamá.

Un grupo de conductores del transporte selectivo, que se encontraban encadenados en el Ministerio Gobierno y Justicia (MINGO), decidió levantar la medida de presión que habían adoptado, luego que la Defensoría del Pueblo lograra un acercamiento entre ellos y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Los conductores de taxis, que operan en Veraguas, habían decidido atarse en las oficinas del MINGO tras alegar sentirse burlados por las concesionarias de la provincia, que no han respetado la lista con el orden de prelación para la entrega de los nuevos certificados de operación en el área, asignándolos a personas que no les corresponden.

Ante esta situación, funcionarios de la Defensoría del Pueblo realizaron diversas gestiones con la ATTT, donde se conversó con el Secretario General de la institución, César Zapata, quien indicó conocer la situación, pero que no podía dar una respuesta inmediata a los conductores afectados porque el director encargado de la ATTT y vice ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Ricardo Fábrega, se encuentra fuera del país.

Zapata se comprometió a realizar la próxima semana una reunión en la que participen el vice ministro Fábrega, los presidentes de las concesionarias de la provincia de Veraguas, los señores palancas y la Defensoría del Pueblo, a fin de buscar una solución a la problemática.

Dentro de una Advertencia de Inconstitucionalidad presentada contra la frase “no se impondrá sanción penal” contenida en  el artículo 193 del Código Penal, que despenaliza la calumnia e injuria para servidores públicos con mando y jurisdicción, el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, sustentó alegaciones en defensa de esta norma ante la Honorable Corte Suprema de Justicia.

El Ombudsman enfatizó en su escrito, que es un compromiso velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales,  garantizando su pleno ejercicio, permitiendo con ello, que una sociedad se desarrolle de manera libre y democrática.

Por ello, afirmó Vargas, que las ideas, opiniones o críticas emitidas en el ejercicio de la Libertad de Expresión, cuando sus destinatarios son servidores públicos con mando y jurisdicción, puede verse afectada al ser utilizadas por estos, como causas generadoras de delitos contra el honor.

El Defensor del Pueblo indicó que la frase acusada de inconstitucional, configura “lo que en la doctrina de derechos humanos, se conoce como una acción afirmativa, que por medio de su modalidad, denominada discriminación positiva, busca equiparar ante la justicia, a personas en condiciones desiguales, hecho que se observa al realizarse una distinción de los funcionarios públicos mencionados en el artículo 304 de la Constitución Política de la República, así como aquellos de elección popular y gobernadores, dado que los mismos gozan de mando y jerarquía en el país, lo que hace que se encuentren en posición de ventaja con respecto al resto de la sociedad.”

El artículo 193 es un avance democrático en el reconocimiento a las libertades individuales en las que nuestro país, siguiendo recomendaciones como las de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acoge las mejores prácticas en aras de ajustar nuestra legislación a los estándares internacionales, como lo mandata la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 2, de la cual Panamá es signataria.”

Finalmente, el Defensor del Pueblo  manifestó que la supuesta desprotección para las altas autoridades públicas que consideren afectado su honor, tiene amparo ante el sistema de  justicia, pues estas pueden ejercitar las acciones correspondientes ante la esfera civil, desligadas de la vía penal.

Moradores de la comunidad de San Marcelo, distrito de Cañazas, presentaron una queja ante la Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Veraguas, debido a los problemas que confrontan con el suministro de agua, a raíz de la instalación de una llave de paso que colocó una vecina, con el objetivo de instalar un tanque individual de aproximadamente 400 galones agua para consumo personal.

Según la señora Ema Adames, una de las afectadas, la colocación de la referida llave ha ocasionado problemas a dos viviendas cuyas tuberías se encuentran después de la instalación, que al cerrarla los deja sin servicio de agua.

Debido a esta problemática, la Defensoría del Pueblo, en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA), se trasladó al área, donde se constató lo expuesto por la quejosa.

En ese sentido, el técnico del MINSA, Roberto Jiménez, manifestó que el lugar donde está ubicada la llave no es el correcto, ya que la misma debe ubicarse a un metro de la tubería que nace del tanque abastecedor, mismo lugar donde debe instalarse el clorinador que purifica el agua.

Durante la visita se acordó realizar una reunión con los moradores de la comunidad, el Corregidor del área y el MINSA, para acordar retirar la llave que ocasiona el conflicto y ubicarla en el lugar apropiado.

Unos 45 adolescentes fueron aprehendidos durante el mes de febrero por incumplir  el toque de queda para menores establecido por las autoridades a nivel nacional, mediante la Resolución D.S. N° 01-2009 del 27 de julio de 2009.

Con miras a orientar a estos menores de edad, la Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Regional de San Miguelito, ofreció una charla sobre “Autoestima para jóvenes”.

La Defensoría del Pueblo realizó esta capacitación conjuntamente con la Dirección Regional del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) de ese distrito, con el objetivo de cumplir con los compromisos de seguimiento que se ofrecen a los adolescentes y padres de familia involucrados.

Durante la actividad, funcionarios de esta sede regional también les explicaron a los infractores del toque de queda el papel de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Coclé realizó una jornada de inspecciones para detectar casos de explotación infantil en las fincas de cultivo de caña: El Membrillal y El Roble de Aguadulce.

Esta diligencia dio como resultado la detección de casos de menores de edad que realizan cortes de caña, que oscilan entre los 10 y 17 años de edad, muy cerca de los cañaverales en el área de la Loma de El Roble.

Durante la acción también participaron funcionarios del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

También se pudo verificar que las condiciones en que descansan estos jornaleros son infrahumanas e insalubres, ya que duermen sobre tablas, además en la habitación hay un panal de avispas y hasta estiércol de caballos.

De igual forma, se inspeccionó una empresa que se dedica a la exportación de sandías en el sector de Río Hato, donde se verificó la presencia de 8 jóvenes de 17 años que no contaban con los permisos del MITRADEL para laborar.

La Defensoría del Pueblo continuará estas inspecciones con el objetivo de crear conciencia y reducir la explotación laboral infantil.

La Defensoría del Pueblo de Panamá a través de su Dirección de Asuntos Internacionales, solicitó a la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica apoyo para que esta entidad brinde asistencia legal internacional a una ciudadana panameña detenida en ese país.

Laurent Janeth Mcphee Aparicio, fue aprehendida por las autoridades costarricenses desde el pasado 18 de agosto de 2009, bajo el cargo de cómplice de delito de secuestro extorsivo.

La afectada vive en ese país con su pareja de nacionalidad salvadoreña, a quien aparentemente se le acusa de haber cometido un secuestro y en razón de su relación con él, se le ha vinculado como cómplice.

La familia de Mcphee residente en la provincia de Chiriquí denuncia que fue estafada por un abogado, que les cobró  la suma de 17 mil dólares para asumir la representación legal y pagar la supuesta fianza que exigían las autoridades para dar libertad condicional a la sindicada.

Los familiares están muy angustiados porque para conseguir ese dinero vendieron la única propiedad con la que contaban, posteriormente se enteraron que ese delito no admite fianza y exigieron al abogado que les devolviera el dinero pero éste se negó.

Los afectados presentaron una denuncia penal por estafa y una queja ante el Colegio de Abogados de Costa Rica, que resultó infructuosa debido a que el Juzgado Penal de Corredores desestimó esta solicitud y ordenó el archivo del expediente.

Toda esta situación tiene muy alterada a la familia porque no puede asumir el pago a otro abogado y no ha podido recuperar el dinero invertido, por tanto, la sindicada no tiene representación legal alguna ante una acusación tan seria como un secuestro.

La Defensoría del Pueblo de nuestro país velará porque las autoridades costarricenses cumplan con el debido proceso y revisen el expediente contentivo de la denuncia por secuestro para investigar lo de la fianza, y además, que se dé respuesta al caso penal por estafa que fue desestimado.

La Defensoría del Pueblo admitió la queja por presunta violación a los derechos humanos que presentó Carlos Harris, quien fue detenido el sábado de carnaval luego que el nuevo sistema policial pele police indicara que el mismo tenía un caso pendiente con la ley.

Luego de las gestiones hechas por el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, durante la gira de monitoreo que realizó la Defensoría hace algunos meses en la provincia de Chiriquí, en conjunto con el Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y a la Vida, se logró conseguir una catalina-winche para facilitar el aseo y movilización del señor Francisco Ávila, quien es paciente afectado por la ingesta del jarabe envenenado con dietilenglycol.

El señor Ávila es uno de los 20 pacientes que reconocen las autoridades de Salud como personas afectadas de manera directa en la provincia de Chiriquí, quien se encuentra postrado en una cama por las secuelas de haber consumido el  jarabe tóxico.

El afectado agradeció al Defensor del Pueblo por las gestiones realizadas para la obtención de este aparato que será de mucha ayuda para él y su esposa, quien afronta problemas en la columna.

Como parte de la campaña "Conduce con Responsabilidad, evita ser una víctima más" reactivada durante los días de carnaval por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional,  la Oficina Regional de esta entidad en Coclé realizó un volanteo para promover el buen manejo.

Funcionarios de esta sede regional distribuyeron cientos de volantes a los conductores que circulaban por la avenida principal Juan Demóstenes Arosemena de Penonomé, para crear conciencia y evitar así el aumento de víctimas por accidentes de tránsito.

La Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Regional de Coclé, gestionó a través del Despacho de la Primera la entrega de ayuda alimentaria para una familia de la comunidad de El Cortezo, Corregimiento de Toza, distrito de Natá.

La Oficina Regional de la Defensoría en Darién, en conjunto con personal del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), realizó una jornada de inspección en tres fincas productoras de tecas y cedros espino, ubicadas en los distritos de Chepigana y Pinogana,  donde constató las condiciones de inseguridad laboral y de vivienda de los trabajadores y sus familias.

Las fincas visitadas fueron: Finca Zapallal, Finca Barca y Finca Panamerican Reforestation Company, donde se constató que en ninguna de ellas los trabajadores cuentan con equipo de seguridad para la manipulación de agroquímicos, como lo son guantes, mascarillas y delantal; además de que carecen de botiquín de primeros auxilios en caso de emergencias.

Asimismo, se verificó que el agua que se utiliza en la Finca Zapallal, para consumo y necesidades primordiales, tiene sedimentos; mientras que en la Finca Barca y la Finca Panamerican Reforestation Company no cuentan con agua potable, por lo que se abastecen de un pozo cuyas condiciones higiénicas no son las óptimas para la ingesta.

En cuanto a las condiciones de vivienda, se observó que las estructuras físicas de madera presentan deterioro, además de que las camas no cuentan con colchonetas, las letrinas  se encuentran en mal estado, entre otras anomalías.

La Oficina Regional de la Defensoría en Darién solicitará un informe al MITRADEL, con el propósito de dar seguimiento a las mejoras y recomendaciones hechas durante la inspección en las fincas, a fin de salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores.

Con el objetivo de promover el manejo prudente durante las fiestas del carnaval las Oficinas Regionales de la Defensoría del Pueblo en Herrera y Los Santos retomaron la campaña "Conduce con responsabilidad, evita ser una víctima más".

Mediante sendos volanteos se distribuyó material alusivo a esta estrategia comunicacional a una gran cantidad de conductores que transitaba por la región de Azuero.

Durante la jornada participaron también representantes de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), de la Dirección de Operaciones del Tránsito (DOT); además de funcionarios de la Dirección de Relaciones Públicas de la sede central de la Defensoría del Pueblo.

Como parte de esta campaña también se visitaron diversas emisoras de radio para difundir el mensaje y evitar así el incremento de muertes ocasionadas por accidentes de tránsito.

Al dar inicio la fiesta del carnaval, la Defensoría del Pueblo retomó sus campañas "Conduce con Responsabilidad, evita ser una víctima más" y "Tú me discriminas pero él a ti no", para promover entre la ciudadanía el manejo y conducta responsable durante estos días.

De acuerdo a las estadísticas de accidentes de tránsito hasta la fecha se ha registrado un total de 65 víctimas fatales, ante esta realidad la Defensoría busca crear conciencia y reflexión en la población y así evitar más muertes producto del manejo irresponsable.

Desde tempranas horas el personal de la Defensoría del Pueblo repartió volantes y artículos promocionales con mensajes alusivos al manejo responsable y a la prevención de enfermedades de transmisión sexual durante estos días de jolgorio.

Para el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, los panameños deben disfrutar de estas fiestas de forma sana y con responsabilidad evitando ser una víctima más.

"Nos preocupa el aumento en las víctimas por accidentes de tránsito, es por eso que hacemos un llamado a los panameños y panameñas a disfrutar con responsabilidad y si van a tomar utilizar el conductor designado", puntualizó el Ombudsman.

La Oficina Regional de la Defensoría del Pueblo en Los Santos solicitó al Ministro de Salud, Franklin Vergara, su apoyo para el tratamiento de la problemática del humo que emana el vertedero de basura de Chitré y que afecta a moradores de La Villa.

Esta sede regional forma parte de una comisión Ad – Hoc que realizó la petición de un carro cisterna para apagar los incendios espontáneos en el vertedero, un tractor para remover diariamente los desechos sólidos y una pala de recolección, todo esto de uso exclusivo del vertedero, mientras se busca una solución definitiva al grave problema.

La actividad fue convocada por el Concejo Municipal de La Villa de Los Santos, a la que asistieron además: el Alcalde de La Villa de Los Santos, Eudocio Pérez; el Alcalde de Chitré, Manuel Solís Ávila; once representantes de corregimiento de La Villa de Los Santos y cinco de Chitré; ingenieros municipales de Chitré y de La Villa de Los Santos; funcionarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP), del Ministerio de Salud (MINSA) y la Autoridad Nacional del Ambiente de (ANAM) de ambas provincias.