En un solo Portal de Internet se puede acceder hoy día a información inherente a la planilla estatal, compras gubernamentales, informes de auditoria, presupuesto, entre otras, que permite al ciudadano conocer como se manejan los recursos públicos y le posibilita cómodamente desde su casa, oficina, infoplazas o Internet Café, escrutar a las instituciones del Estado.
 
Antecedentes:

En enero de 2002, y antes de la aprobación de la Ley No. 6 de 2002, la Defensoría del Pueblo hace publica una serie de información como plan estratégico gestor para impulsar la aprobación de dicha instrumento legal que reconocía el derecho ciudadano al acceso a la Información de carácter público. 

Entre la información que en aquel entonces se decide publicar en su sitio  Internet estaba el listado de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, la indicación de salarios, gastos de representación, de igual forma se presentó en su sitio el listado de los gastos de la institución desde la creación de la Defensoría en el año 1997.

La decisión de hacer publicas la información institucional, antes descrita, tuvo sus efectos positivos y se convirtió en un elemento importante y definitivo en el impulso al proceso de aprobación del aquel entonces Proyecto de Ley No. 48 que el 22 de enero de ese mismo año 2002, se convierte en la Ley No 6 de Transparencia y Acceso a la Información de Carácter Público. 

El impacto de la publicación hecha por la Defensoría en ese entonces lo recoge en su Editorial el Diario La Prensa de 11 de enero de 2002 al decir: 

"La Defensoría del Pueblo ha hecho del conocimiento público información detallada sobre cómo se usan los recursos de la institución, y por eso hay que felicitar a las personas que están al frente de la institución. Pero vayamos más allá. El significado de poner en conocimiento de la ciudadanía las finanzas de la institución es un modo de decirle a la gente "esta institución es suya, nosotros somo sus servidores". Cabe preguntarse ahora: ¿y las demás, de quiénes son? Las personas que están al frente de las demás instituciones, directores, gerentes, ministros, ¿son acaso los dueños de los recursos que manejan? Los exhortamos a que emulen a la Defensoría del Pueblo y permitan el acceso público a la información sobre los recursos humanos, materiales y financieros de la institución, porque todos son servidores públicos y los dineros que manejan no son suyos sino de los asociados. La presidenta de la República debe proceder a sancionar el proyecto de ley que regula el acceso a la información pública, aprobado por la asamblea en tres debates, de modo que la conducta ética mostrada por la Defensoría, pase a ser un deber legal exigible a todas las autoridades. Ese sería un paso importante para que la gente recupere la confianza en las instituciones, que no es un objetivo accesorio en los días que vivimos."

 Es a través de este anticipo, de lo que luego significó, la aplicación de la ley de transparencia que desde noviembre de 2001, los ciudadanos tenían acceso desde Internet a información sensitiva en cuanto a la lista de cheques pagados a los proveedores  de bienes y servicios de la Defensoría y posteriormente en enero de 2002, se agrega lo relacionado a la planilla de la Institución.

Momentos en que el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, y el Director General de Contrataciones Públicas, Edilberto Ruiz Miró, firmaron el día 1 de agosto de 2007, un Convenio de Cooperación Técnica para la Transparencia.